Sin perder de vista que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, vamos a dedicar unos minutos a refrescar –nunca mejor dicho- algunas ideas sobre el derecho al agua. Por otro lado, creo que el camino recorrido hasta su consagración en el Derecho internacional puede animar y ofrecer claves a la lucha que hay en marcha para conseguir un derecho a la solidaridad.
4.000 niños y niñas mueren al minuto por enfermedades relacionadas con la falta de agua. Alrededor de 800 millones de personas no tienen acceso al agua, mientras 2.500 millones no tienen acceso al saneamiento. Esto es una realidad intolerable. Las causas básicas de todo esto radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se agravan por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación. Además, los expertos dicen que existe una escasez de recursos hídricos. Si a eso añadimos los problemas de gobernanza del agua, el panorama arroja resultados alarmantes, por lo que parece urgente el trabajo por el derecho al agua y al saneamiento.
Según las estimaciones de FAO: “Las extracciones anuales de agua para uso humano ascienden a alrededor de 3.600 km3. Parte del caudal de agua superficial debe seguir su curso natural para asegurar la dilución de efluentes y para asegurar la conservación de los ecosistemas acuáticos. El caudal ecológico que debe llevar un río depende de la época del año y de otros factores específicos de cada cuenca hidrográfica. Los caudales mínimos anuales de los ríos se estiman en unos 2.350 km3, aunque es necesario conocer mejor los aspectos ecológicos de los ríos, que son complejos. Si a esta cantidad se suma la que se extrae para uso humano resulta que ya están comprometidos 5.950 km3 de los recursos de agua dulce fácilmente disponibles. Globalmente, las cifras de recursos hídricos muestran que la situación es delicada, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y las demandas de agua. La situación ya es crítica en varios países y regiones, pues tanto la población como los recursos están distribuidos irregularmente. La escasez de agua dulce y la competencia entre los usuarios está aumentando cada vez en mayor número de zonas del mundo”.
Hay una vinculación clara entre derecho al agua y pobreza. La pobreza consiste en una vulneración de los derechos humanos, uno de ellos, el derecho al agua, y otro, el derecho al saneamiento. Trabajar por la realización del derecho humano al agua y al saneamiento contribuye a superar la pobreza. El agua posibilita el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la educación, entre otros. Y en ese sentido, contribuye poderosamente a aliviar las situaciones de pobreza.
Naciones Unidas, las organizaciones que trabajan con personas sin acceso al agua y muchas voces del mundo académico, educativo, sanitario, entre otros, se han cansado de repetir que el agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud y fundamentales para la dignidad de toda persona.
Para conseguir que el derecho al agua y al saneamiento sea una realidad para todo el mundo es importante la implicación ciudadana, tanto formándose e informando a través de medios de comunicación y redes sociales, como apoyando el trabajo de las organizaciones sociales que trabajan en estos derechos.
La presión ciudadana (parroquia San Carlos Borromeo, ONGAWA y otras) han conseguido recientemente que el Ayuntamiento de Madrid comience a proveer de agua y saneamiento en el Gallinero, el asentamiento de rumanos y rumanas a las afueras de Madrid. SEGUIR LEYENDO…
Celia Fernández Aller es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, secretaria de la Junta Directiva de ONGAWA y socia y simpatizante de ICID.