Kattya Cascante (@KCascante)

El escenario de la crisis sistémica de financiación ofrecía un modelo social, económico y político en plena transformación. En este mismo marco, las dificultades se prolongan e intensifican más aun el déficit democrático, la desigualdad y la pobreza en todo el mundo.

Algunas estadísticas recientes nos guían hacia una recuperación de niveles de bienestar en el objetivo de reducir la pobreza. Otras por el contrario, nos alertan de que se ha medido de otra forma para no centrar la atención de los políticos sobre los más pobres. Solo así podrían explicarse reformas que han llegado a colapsar las rentas de los colectivos más pobres (jóvenes, emigrantes y trabajadores poco cualificados), cargando sobre ellos, los mayores costes de esta crisis. Pero también sobre otros colectivos, profesionales, cuyas condiciones han empeorado notablemente. La precarización de las condiciones laborales ha elevado el porcentaje de trabajadores pobres y la tasa de pobreza entre las personas en paro se sitúa en el 44,8% (EPA, 2016).

La sociedad en España, que ya contaba con indicadores de desigualdad preocupantes, está siendo testigo de cómo la distancia entre ricos y pobres ha aumentado hasta el punto de que el 1% de la población concentrase tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos (Oxfam, 2015). Según los datos de la OCDE, los hogares más vulnerables son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos durante la crisis, y el salario de los más ricos ha pasado a ser 18 veces superior al del 10% más pobres.

Una tendencia que coincide con la dinámica global.  Hoy en día “las 85 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los cuatro mil millones de los ‘inhabitantes’ más pobres de la Tierra^[1]”. Aunque la globalización si ha supuesto una reducción de la desigualdad entre países no ha impedido el incremento de la desigualdad interna dentro de los mismos. La  desigualdad interna ha crecido como consecuencia de esta crisis financiera y se agudizado especialmente debido a las decisiones políticas que en vez de avanzar hacia una mayor democratización, responden a la polarización económica. Las élites del poder, aquellas que lideran los estratos de población de ingresos más altos, demandan mecanismos políticos que reproducen la desigualdad y relegan las preferencias de la población con ingresos más bajos. Se afianza una paradoja: se demanda más presencia del Estado a la vez que una menor redistribución, donde con menos impuestos se ofrezcan más servicios públicos.

Esta destrucción del tejido social es la última puerta. Los incumplimientos con la Ayuda al Desarrollo y con el contrato social, quiebran la cohesión interna de las sociedades,  un modelo social de convivencia y derechos. ¿Es realmente un coste necesario? La sociedad civil trabaja por respuestas más comprometidas con la aldea global y este proyecto es una clara muestra de la obligación de todos de evitar que “el último pague la factura”.

[1] Zygmunt Bauman, 2013 libro, «¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?» (Paidós)

Kattya Cascante (@KCascante) es politóloga, profesora, thintankera y entusiasta del análisis de las relaciones internacionales de cooperación internacional para el desarrollo

«Declinemos crisis» Fotografía de Tnarik Innael con licencia CC BY-SA 2.0