Carmen Borja Segade. ISI Argonauta

El Estado del Bienestar se fundamenta en gran medida en la solidaridad del conjunto de la  ciudadanía, que es corresponsable con el ejercicio de los derechos humanos, y que con sus impuestos, directos e indirectos, aporta al conjunto del Estado los fondos necesarios para cubrir las gestión y recursos que se necesitan para su sostén. Sin la solidaridad del conjunto de las personas, un Estado basado en el bien común no es viable para las personas que menos recursos tienen, que deben soportar una mayor carga fiscal. Esto hace que, en momentos de crisis económica y social, como la que vivimos desde 2007, muchos ciudadanos y ciudadanas se planten si pueden seguir siendo solidarios con sus impuestos.

En un artículo reciente[1] el Sindicato de Técnicos de Hacienda declaraba que cada ciudadano paga entre 800 y 1000 euros de más al año por el fraude fiscal y la corrupción. La economía sumergida representa el 24,6% del PIB español (250.000 millones que no se declaran a Hacienda) y se dejan de recaudar cada año 90.000 millones de Euros.

Con relación a las empresas, hay muchos datos que también nos indican su falta de solidaridad hacia las sociedades en las que gestiona y distribuyen sus productos y servicios. Aunque el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades es del 25% para las grandes empresas, nos encontramos que habitualmente éste se queda en un 10% debido a las exenciones y deducciones que se les aplican, que aún siendo legales,  implican para el Estado dejar de recaudar muchos recursos por esta vía[2], impuestos que no representan más del 2,2% del PIB frente al 7,7% del IRPF[3].

Estos datos contrastan con los relativos al gasto del PIB del Estado Español en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que supuso en el año 2015 tan solo un 0,13% de la Renta Nacional Bruta de España, 1.446 millones de AOD Neta, mientras que en 2011 representaba el 0,29%, unos 2.892 millones de AOD. O los relacionados con el gasto en Servicios Sociales, que en 2013 fue del 1,5% del PIB (14.982 millones)[4]. Y así podríamos seguir enumerando partidas y gastos vinculados con el ejercicio de los derechos humanos y su aplicación en políticas públicas de solidaridad que han visto ampliamente recortadas sus partidas para hacer frente a un déficit público que, en menor medida de lo que nos hacen creer, ha venido determinado por los gastos realizados por estas políticas.

Y así volvemos al punto de partida y nos preguntamos de nuevo ¿por qué, cuando se plantean medidas de ajuste presupuestario, se pone el foco en aquellas políticas públicas que intentan hacer de la solidaridad propia del Estado del Bienestar un derecho para todos? ¿Por qué no conseguimos que el debate ponga el foco en los ingresos que no han llegado por las personas o entidades que han dejado de ser solidarias o que quizás no lo fueron nunca? El eslogan “Hacienda somos todos”  contenía en el fondo parte de la necesidad de esa política de solidaridad y debe llevarnos a reflexionar sobre los motivos por los que nuestros gobiernos desmantelan las políticas de solidaridad, como la política de cooperación para el desarrollo. Es necesario seguir creyendo que todas las personas tienen derecho a la solidaridad y tienen obligaciones con la solidaridad.

La actualidad y los medios de comunicación nos hablan día a día de realidades que son distorsionadas por palabras como déficits, prima de riesgo o necesidad de recortes, que ponen el énfasis en el gasto y no en las partidas que se han dejado de recaudar por las deducciones fiscales, el fraude fiscal, la corrupción y la economía sumergida.

En las últimas semanas los paraísos fiscales y las empresas offshore han estado en portada de los medios de comunicación más importantes del mundo y hemos escuchado, impávidos, cómo la mayoría de sus dueños se justificaban diciendo que estas prácticas, cuyo objetivo es pagar menos impuestos, están dentro de la legalidad. Podrá ser legal, pero deberíamos preguntarnos si es ético. ¿Acaso son las empresas y los que más ingresos tienen los que más impuestos acostumbran a pagar y los más solidarios en el ámbito fiscal?

No está de más, entonces, recordar que una mayor redistribución de la riqueza y un menor índice de desigualdad proporcionan a los países mayores niveles de desarrollo y, por tanto, mayores niveles de solidaridad. No es de extrañar que  las personas más solidarias sean las que tienen una mayor conciencia y lealtad hacia el Estado del Bienestar, ya que las cargas compartidas proporcionan mayores beneficios para toda la sociedad, tanto a nivel nacional como mundial.

[1]http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/delitos-corporativos/corrupcion/espanol-euros-impuestos-culpa-corrupcion_0_913709497.html

[2]http://www.eldiario.es/zonacritica/detras-impuestos-pagan-grandes-empresas_6_424917511.html

[3]http://juanramonrallo.com/2014/08/por-que-en-espana-se-recauda-menos-que-en-europa/

[4]http://www.elmundo.es/economia/2016/03/21/56f0413f268e3e5f298b45ee.html